Ayer, 22 de Mayo, los militantes del Partido Comunista nos movilizamos junto con decenas de miles de estudiantes, profesores, personal no docente y padres y madres de alumnos secundando las movilizaciones que acompañaron la convocatoria de Huelga General en defensa de la Educación Pública.
Entendemos que la Educación y la Sanidad se han convertido en la diana de las políticas neoliberales que pretenden recuperar el proceso de acumulación capitalista detenido por la recesión económica a base de desmontar lo poco que queda en nuestro país de estado social.
Las excusas para recortar el gasto público en servicios esenciales para la población (y más en la actual situación de depresión económica) se encuentran constitucionalizadas y legalizadas a partir del acuerdo que alcanzaron PP y PSOE para establecer el déficit cero, garantizando, eso sí, que no habrá límite para garantizar el pago de la deuda externa de España.
Mientras que hay dinero, y mucho, para socializar las pérdidas de Bankia (en un mal llamado proceso de nacionalización), no lo hay para garantizar el acceso a los servicios públicos que son derechos sociales básicos.
Esta es la estrategia neoliberal que se impone desde Europa, que pierdan los ciudadanos para que todos los que invirtieron en nuestro país en la especulación del ladrillo creando la burbuja inmobiliaria no pierdan ni un céntimo. Es importante resaltar que las presiones sobre la deuda española no provienen de lo mucho que el Estado gastó en políticas públicas. En el monto total de la deuda de nuestro país, sólo el 30% corresponde al Estado y a las familias, y el resto es deuda privada. En ese 70% se incluye lo que se debe, a título de ejemplo, a la banca alemana que prestó 150.000 millones de euros para operaciones de especulación inmobiliaria en los litorales españoles con sus correspondientes derivados financieros tóxicos.
Por otra parte, se encuentran los disparatados intereses que España tiene que abonar por colocar su deuda pública y que ha alcanzado el record de un 6% en los últimos días. Es importante tener en cuenta que cada vez que sube un punto el interés de esa deuda, el Gobierno sufre un coste en torno a 1.000 millones de euros, que se sumarán un déficit que se saldará con nuevos recortes en otros gastos.
Esas, y no otras, son las deudas que Europa quiere que se le garantice, y el Gobierno de Rajoy está dispuesto a hacerlo.
Estos elementos los queremos traer a colación para recordar que la situación de recesión económica y la estrategia de recortes públicos son una estrategia a largo plazo y no situaciones de coyuntura reversibles en el corto plazo.
Desde el Partido Comunista e Izquierda Unida siempre hemos tenido claro que este estado de cosas no se resolverá sino con la más amplia movilización social y política que permita cambiar la lógica del sistema y salir por la izquierda, sabiendo que no es posible contemporizar con las políticas neoliberales y por eso llamábamos, ayer y hoy, a la Rebeldía, queriendo ser desde nuestras posiciones políticas el referente de la misma.
En este contexto, el pasado 14 de mayo el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía decidió aplicar un recorte en los Presupuestos de 2.700 millones de euros, acomodándose a las directrices del Gobierno de Rajoy. Este recorte se ha hecho recaer en el conjunto de los trabajadores públicos andaluces, pero que tendrá una especial incidencia entre los de la sanidad y la educación. Además de llevar a cero las inversiones en obra pública.
Dicha medida sobrevolaba desde hace meses, y no se puede alegar que fuera una situación sobrevenida. Cuando se negociaba el pacto de Gobierno PSOE-IU en varios de los encuentros de debate organizados en torno al mismo se preguntó específicamente por esta cuestión, y la respuesta fue que había que tener confianza en la dirección y la comisión que estaba llevando a cabo el proceso de negociación. Nunca se planteó la posibilidad de que nuestra fuerza política avalara dicho recorte, no se discutió ni antes, ni después.
En términos prácticos, la asunción de la disminución de los 2.700 millones del Presupuesto supondrá:
-El incremento de la jornada laboral para el personal al servicio de la JA a 37,5 horas.
-Reducción significativa de la masa salarial de esos trabajadores a partir de la eliminación de complementos y ayudas.
-Incremento de la precariedad y pérdida de derechos sociales adquiridos.
Además, se destruirá empleo público, porque la aplicación conjunta de las medidas, significará la no renovación de 4.827 funcionarios interinos del sector de la educación y en el sector sanitario una perdida similar aunque no cuantificada por el momento. Por tanto, no es cierto que se esté defendiendo el empleo.
Todo esto se ha hecho sin negociación previa con los Sindicatos… lo cual no debe extrañar, si tenemos en cuenta que tampoco se ha contado con nuestra Organización.
Habría que tener presente, que la cantidad a recortar en el Presupuesto Andaluz se produce como consecuencia de haber previsto unos ingresos mayores que los que finalmente se han generado, y de ahí el descuadre. Ese recorte no contempla la afectación que para la sanidad y la educación va a suponer el tijeretazo aprobado por el Consejo de Ministros de 30.000 millones, de los que a Andalucía le tocaría absorber en torno al 25%. Este nuevo recorte contempla medidas como las previstas en el real decreto 14/2012, que ha motivado la huelga general de educación del 22 de mayo y que supone, subidas escandalosa de tasas universitarias, reducciones de becas y obstáculos para acceder a las mismas. También contempla el copago sanitario para jubilados y pensionistas (tendrán que pagar el 10% en los medicamentos) y para trabajadores-as en activo (pasan a pagar del 40 al 50% de los medicamentos), y deja fuera del derecho a la asistencia sanitaria a inmigrantes no regularizados y a las personas mayores de 26 años en situación de desempleo que no perciban ninguna prestación.
Los recortes presentes o por venir ni son justos ni necesarios, porque no son la solución ni siquiera parcial de los problemas de nuestra economía. Aceptarlos, supone comulgar con la lógica neoliberal y eso no está ni en nuestro ideario ni en nuestro programa. Y por tanto, no puede ser el condicionante para la permanencia de IU en el Gobierno andaluz.
No es para eso para lo que nos presentamos a las elecciones ni coincide con lo planteado en el Acuerdo Programático que alumbró la entrada en el Gobierno de Andalucía. Sin embargo, y sin contar ni con la opinión de ningún órgano ni del Partido ni de IU y sin la más mínima explicación previa, los miembros del Consejo de Gobierno de la JA votaron a favor de dicho recorte.
Se ha tratado de justificar la aceptación del recorte como el mecanismo de evitar la intervención sobre Andalucía por parte del Gobierno central. Pero la lógica de la lucha debería ser la contraria: si se atreven, que intervengan por encima del Parlamento Andaluz. Ahí sí que podríamos llamar al conjunto del pueblo andaluz a defender lo que es suyo. Desde la rebeldía, no desde la resignación cómplice con el sistema.
En estos días hemos vivido una fractura con el tejido social con el que hasta ahora veníamos compartiendo luchas, objetivos y esperanzas. Es indispensable recuperar la confianza de todos aquellos para los que nos hemos venido convirtiendo en referentes de sus aspiraciones. Y debemos ser conscientes de que lo que está en juego es el futuro del proceso de acumulación de fuerzas que Izquierda Unida y el PCE están protagonizando en el conjunto de España.
Por ello es urgente que la Organización y sus órganos legítimos recuperen el ejercicio de sus competencias de debate y adopción democrática de acuerdos y decisiones, estableciendo las directrices para los compañeras/os que desempeñan responsabilidades institucionales (de gobierno o parlamentarias)en todos los niveles.
Es urgente también que el Partido en Andalucía ejerza sus funciones, se reúna y debata trasladando propuestas y posiciones a IULV-CA para rectificar su actual deriva ideológica, política e institucional.
Por todo lo anterior, solicitamos a los Órganos del Partido en Andalucía que abra un proceso de reflexión urgente y que finalmente, tras el debate en el seno de IU, suponga el voto en contra por parte de nuestro Grupo Parlamentario al recorte de los 2.700 millones, así como a cualquier otro recorte impuesto por la aplicación de medidas neoliberales, provengan de Madrid o Bruselas. Hagamos válido nuestro eslogan de campaña… Rebelándonos contra la Derecha y las Políticas de Derecha.
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